Artículo originalmente publicado en: Punto de Vista RBD
Recibir a las personas que cruzan fronteras huyendo del conflicto o de la persecución que enfrenta en su país es un deber jurídico internacional y además un deber moral básico.
Esto no debería ser motivo de discusión en un país en el que por razones del conflicto armado hemos padecido el desplazamiento de cientos de miles de personas que huyen de la muerte prácticamente con lo que llevan puesto, sin saber si al día siguiente lograrán conseguir alimentación para sus familias.
Vivir tan de cerca esa misma tragedia no ha sido suficiente para que tengamos por lo menos empatía o condolencia con quienes llegan buscando sobrevivir. Sobran los ejemplos de xenofobia en contra de la población venezolana en Colombia y ahora lo que más parece preocuparnos con la llegada de los refugiados afganos es lo que podrían costar las ayudas que necesitan.
Por supuesto que en un país con tantas necesidades como el nuestro resulta bastante difícil el aporte de ayudas para este tipo de crisis, pero esa dificultad no podría en ninguna circunstancia volverse una razón para estimar posible la alternativa de la expulsión.
La expulsión de un extranjero que ingresa a un país de manera irregular es una consecuencia normal por la manera en que lo hizo, pero la humanidad ha reconocido una condición especial en los refugiados por su indiscutible estado de necesidad, pues se trata de una situación más que suficiente para considerar irreprochable su entrada irregular.
La expulsión de un refugiado hacia el lugar que originó su migración es una indiscutible decisión a favor de la muerte como una consecuencia preferible al ofrecimiento de ayuda, y la expulsión hacia cualquier otro sitio no podría tener otro fundamento que la indiferencia o el desprecio por la dignidad humana, pues lo que allí importa no es la suerte de quienes están en situación humanitaria de emergencia, sino evitar incomodidades.
Brindar acogida a los refugiados tampoco resulta ser una simple falta de alternativas, debido a que se trata de un deber moral de protección de la vida humana como prioridad incluso a pesar del sacrificio o perturbación del goce de otros derechos porque si lo que está en juego no es nuestra propia salud, vida o dignidad, la estrechez de recursos que implica salvar a otros será siempre preferible a la muerte.
La preocupación económica por la llegada de estas personas no es otra cosa que la colocación de un precio barato a la vida por motivaciones puramente egoístas porque cincuenta millones de personas no se van a arruinar ni a entrar en desgracia por ayudar a un par de miles.
La preocupación por que esas personas puedan cometer delitos por el hecho de estar necesitadas es la confesión de nuestra incapacidad para ayudar a superar esos estados de necesidad, con un llamativo y despreciable ingrediente adicional de xenofobia que nadie tiene por ejemplo frente a los militares extranjeros instalados en Colombia, pese a que se ha denunciado hasta la saciedad la participación de muchos de ellos en múltiples violencias sexuales que ni siquiera se castigan.
¿Será que lo que nos molesta de los que llegan a Colombia es que no provengan de los Estados Unidos o de Europa, y que tengan necesidades en vez de riquezas?
